El 72% de las empresas chilenas enfrenta la Ley de Datos Personales sin estar preparadas: bodegas y equipos en desuso, el riesgo invisible
Estudio revela que 9 de cada 10 pymes no cumple la Ley 21.719, con multas de hasta $1.400 millones por datos expuestos en archivos físicos y equipos.
Una radiografía del cumplimiento normativo en Chile deja cifras preocupantes para el ecosistema empresarial: el 72% de las organizaciones admite no estar preparada para la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, y casi la mitad —un 46%— no ha implementado ninguna medida concreta. El dato proviene de un estudio conjunto de LemonTech y la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC), elaborado sobre una muestra de 127 empresas de distintos tamaños.
La brecha se agudiza en el segmento de las pequeñas empresas, donde nueve de cada diez declaran no estar listas para cumplir con los nuevos estándares legales. El plazo no es indefinido: la normativa ya está vigente y sus sanciones por infracciones gravísimas alcanzan hasta 20.000 UTM, equivalentes a más de $1.400 millones de pesos.
El debate público ha girado principalmente en torno a ciberseguridad y bases de datos digitales, pero el estudio expone un vector de riesgo que las empresas frecuentemente ignoran: el 85% gestiona la protección de datos con procesos manuales o repositorios genéricos. Eso significa que contratos en papel, liquidaciones de sueldo, fichas de clientes y carpetas físicas acumuladas en bodegas quedan fuera del radar de cumplimiento.
A ese escenario se suma otro flanco crítico: los equipos tecnológicos corporativos dados de baja. Computadores, discos duros y smartphones que dejaron de usarse, pero que nadie borró formalmente, concentran información sensible de personas naturales —colaboradores, clientes, proveedores— sin ningún protocolo de supresión o anonimización, tal como exige la Ley 21.719.
El problema se entrecruza además con la agenda medioambiental. Chile genera anualmente cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos, superando los 10 kilos per cápita, pero recicla menos del 5% de ese volumen. El decreto de la Ley REP para aparatos eléctricos y electrónicos, publicado en mayo de este año, establece metas de recolección que escalan desde un 3% inicial hasta un 45% al décimo año de vigencia, con obligaciones exigibles desde 2028.
La convergencia entre cumplimiento de datos y gestión responsable de residuos tecnológicos configura un desafío doble para las áreas de TI, Legal y Compliance. Los puntos críticos que las organizaciones deben atender con urgencia incluyen:
- Inventario y destrucción certificada de equipos tecnológicos en desuso con datos almacenados.
- Digitalización y eliminación controlada de archivos físicos con información personal.
- Implementación de políticas de retención de datos alineadas con los plazos que fija la Ley 21.719.
- Trazabilidad documental del proceso de supresión o anonimización ante eventuales fiscalizaciones.
Con el cierre de año como período habitual de reorganización corporativa, la ventana para regularizar acervos documentales y equipos acumulados se abre —pero también se acorta. Para miles de empresas chilenas, lo que hay en esas cajas y en esos discos podría traducirse en la próxima contingencia de cumplimiento normativo.