IA legal en América Latina: el desafío de la supervisión experta que enfrentan los equipos jurídicos chilenos

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura para la industria legal en América Latina: es una realidad operativa. Estudios jurídicos, departamentos de cumplimiento y áreas legales corporativas en toda la región —incluido Chile— han comenzado a integrar asistentes basados en IA para automatizar tareas de alto consumo de tiempo, como búsqueda de jurisprudencia, análisis de normativa vigente y monitoreo de cambios regulatorios. Sin embargo, esta aceleración tecnológica instala una pregunta crítica que el sector no puede postergar: ¿cómo garantizar que los resultados entregados por estos sistemas sean verificables, confiables y no erosionen el criterio profesional del abogado?

Desde la legaltech Juztina, con operaciones en Perú, Chile, Colombia, Argentina y México, su CEO Manuel de la Colina identifica el principio human in the loop como la respuesta estructural al problema. El concepto implica que expertos legales supervisan y curan cada capa del sistema: desde la selección de fuentes hasta la validación de los outputs generados por el modelo. No se trata de un filtro cosmético, sino de una arquitectura de producto que define la diferencia entre una herramienta útil y un riesgo jurídico.

El contexto de industria refuerza la urgencia. Según estimaciones del mercado global de legal tech, el segmento de IA aplicada a servicios jurídicos superará los 37.000 millones de dólares hacia 2030, con tasas de crecimiento anual compuesto cercanas al 30%. En América Latina, la adopción aún es incipiente pero acelerada, impulsada por la presión de costos operativos y la creciente complejidad regulatoria en mercados como el chileno, donde la agenda legislativa en materias de protección de datos, competencia y sostenibilidad corporativa ha intensificado la demanda de monitoreo normativo continuo.

Para los equipos tecnológicos y jurídicos chilenos, los desafíos concretos de implementar IA legal se concentran en tres ejes:

• Calidad de fuentes: los modelos entrenados con datos genéricos o desactualizados generan riesgos de desinformación legal con consecuencias reales en litigios o decisiones de cumplimiento.
• Alucinaciones del modelo: los sistemas de IA pueden fabricar citas, fallos o referencias inexistentes si no existe una capa de verificación humana activa.
• Responsabilidad profesional: en Chile, la responsabilidad legal recae siempre en el profesional firmante, no en la herramienta, lo que hace indispensable la supervisión experta.

El avance de soluciones como Juztina en el mercado chileno refleja una tendencia más amplia: la legaltech de nueva generación no compite con el abogado, sino que redefine su rol hacia tareas de mayor valor estratégico. La pregunta ya no es si la IA entrará a los departamentos jurídicos, sino bajo qué estándares de control y qué actores locales estarán preparados para liderar esa transición con rigor profesional.